Inicio procedimiento inspector -artículo 177.2 RGAT (mediante personación) Vs artículo 150 LGT (inicio del cómputo desde la notificación al obligado)

Pero vamos, que puedes ser socio de varias sociedades y no enterarte de si hay un procedimiento inspector contra ellas.

VíctorPrz4 wrote:

Witty wrote: Yo también entiendo que si no se comunica en la personación al OT (o a una persona que se identifique si es el domicilio fiscal del OT) el inicio del procedimiento no se considera iniciado, aunque se puedan adoptar medidas cautelares.

Coincido con Witty.

Mientras no haya notificación válida de la comunicación de inicio de la inspección ésta no inicia. (Art. 177.RGAT).

Para que sea válida una notificación hay que estar a las normas de notificaciones.

-Si es personación (177.2.RGAT):

-Bien en domicilio fiscal si recoge cualquier persona mayor de 14 años que se identifique (111.1.LGT y 42.2.LPAC) en primer o segundo intento si ausente.

-Bien en cualquier sitio adecuado (110.2.LGT y 177.2.RGAT) cuando recoja el obligado o representante o bien por rechazo de éstos mismos (111.2.LGT). Si rechaza persona no legitimada será un intento válido pero hay que volver a intentarlo, en su caso, mandarlo a BOE.

(Si no es sujeto obligado a relacionarse electrónicamente).

Véase también que antes de emitir la comunicación de inicio por el jefe de equipo o unidad el inspector-jefe ha emitido un acuerdo de carga en plan de inspección (acuerdo de inicio) (87.1. y 170.8.RGAT y Cinco.2. Resol.24-3-1992) que tampoco tiene consideración de iniciador del procedimiento ni de inicio del cómputo del plazo máximo. (Acto de mero trámite).

Tampoco la emisión de la comunicación de inicio produce efectos, a pesar de ser válido desde su emisión, por estar sujeto a notificación (39.2.LPAC en general, 87.2. y 177.1.RGAT en particular).

En el inicio por personación la comunicación de inicio se incorpora al contenido de la diligencia que se emita (98.2.a. RGAT).

Así que en resumen:

Una personación, que no sea en el domicilio fiscal, donde nos atiende el encargado (173.2.RGAT) y rechaza la comunicación de inicio no inicia el procedimiento sin perjuicio de ser un intento válido de notificación, y la posibilidad de adoptar medidas cautelares (172.5.RGAT).

(Ojo con la necesaria autorización del delegado especial o judicial si domicilio protegido de la empresa). Si rechaza el inicio, es lógico que rechace la entrada.

Si no se pudiera notificar válidamente en ese momento (por no estar presente el obligado o representante) las actuaciones realizadas no son nulas, pero el cómputo del plazo inicia con la notificación formal o cuando se entienda subsanada (40.3.LPAC) y (104.1.a y 150.2.LGT).

Al menos, así lo veo yo.

A mí me surge la duda de si realmente pueden adoptar medidas cautelares sin haberse iniciado el procedimiento. La LGT y RGAT dejan claro que el procedimiento ha de estar iniciado para adoptarlas...

¿En qué parte de la LGT y el RGAT se establece que el procedimiento inspector debe estar iniciado? El 142.2 LGT habla de "cuando las actuaciones inspectoras lo requieran" y en el 172 RGAT tampoco veo esa referencia a la necesidad de que el procedimiento de inspección se considere iniciado.

El artículo 146.LGT y 181.RGAT no exigen expresamente que este iniciado el procedimiento para adoptar medidas cautelares y atendiendo a la redacción del 172.4 y 5.RGAT respectivamente para personación con autorización judicial o consentimiento del obligado y 173.2.RGAT para encargados o responsables, creo que sería posible adoptarlas. Analogía hecha así mismo del régimen general (56.2.LPAC y 14.LGT)

Si está presente el obligado (en cuyo caso se dará por notificado sea cual sea el lugar el inicio del procedimiento por rechazo), no debería haber problema.

Si es un encargado: lo que mi preparador (funcionario en activo) nos ha contado sobre la práctica habitual es que, más allá del papel, como normalmente la medida cautelar exige entrar al domicilio protegido de la empresa, a fin de cuentas un precinto o incautación de pruebas suele ser (documentación en general). Sin consentimiento escrito del obligado o autorización judicial no se arriesgaría a adoptar la medida porque puede ser allanamiento.